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Principales conclusiones de un estudio riguroso sobre la sanidad en nuestro país. Imprescindible un cambio de rumbo.

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Entre las conclusiones de un reciente estudio que analiza  la sanidad en nuestro país podemos destacar:

1. El nivel del gasto sanitario total por persona en España, público y privado, se sitúa en línea (en el ajuste estadístico de regresión), y según los últimos datos disponibles, con el de otros sistema sanitarios de nuestro entorno (países de la OCDE). Por lo tanto, los resultados obtenidos indican que no es del todo cierto que el total del gasto sanitario en España (las diferencias territoriales requieren aquí un análisis de segundo nivel), sea demasiado bajo, ya que supone un nivel muy cercano al que corresponde a su estado actual de desarrollo económico y al conjunto de determinantes conocidos del gasto sanitario.

2. En lo que se refiere al gasto sanitario público por persona en el año 2001, éste sí resulta entre un 6 y un 12% inferior al que le correspondería de acuerdo con el nivel de renta y características socio-económicas. Ello supone una cifra de entre 2.300 y 4.600 millones de euros; esto es, en torno a 0.3 y 0.6 puntos del PIB lo que equivale a una cuantía estimada entre 60 y 120 euros per cápita y año. Cifras todas ellas moderadas, que, dada su cuantía, dejan intuir que los problemas de sostenibilidad futura del sistema sanitario español no se resuelven con un simple incremento de financiación (en la supuesta línea de nuestros referentes europeos), sino que pasan sobre todo por prestar una mayor atención a cómo gastamos los recursos disponibles. Para ello, las diversidades territoriales requieren aquí también un tratamiento específico.

3. En las actuales coordenadas socioeconómicas, de crecimiento relativo de la renta de los españoles, es previsible que tanto el gasto sanitario privado como el público tiendan a crecer por encima de lo que lo haga nuestro PIB nominal. Ello es probable que se acentúe en Comunidades Autónomas de elevada renta relativa. Sin embargo, que crezca el gasto sanitario público no implica que la financiación pública de dicho gasto tenga que crecer exclusivamente con cargo al contribuyente.

4. Conviene destacar, en el sentido antes apuntado, que desde el año 1990 hasta el año 2001, el gasto sanitario público ha crecido a un ritmo anual real, descontando el efecto de la inflación, del 2,8%. Para dicho incremento, la variación en la población total y el envejecimiento progresivo de la misma es responsable de poco más de una tercera parte de este crecimiento real, de forma que el crecimiento de la prestación sanitaria media (intensidad de recursos por persona y adopción de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas) ha sido el principal factor que ha contribuido al crecimiento del gasto sanitario público.

5. Las proyecciones del gasto sanitario público en los próximos 10 años (2004- 2013) realizadas en nuestro estudio indican un crecimiento promedio esperado que supera también el ritmo de crecimiento del PIB. En el año 2013, el gasto sanitario público se situaría así entre el 5,7% y el 6% del PIB, o sea, no más de entre 0,24 y 0,53 puntos adicionales del PIB, por encima de la cifra del año 2003. En otros términos, de acuerdo con el escenario base de este estudio, el gasto sanitario público podría crecer, en términos reales, un 35% hasta el año 2013.

6. En conclusión, el problema real no es tanto la factibilidad o sostenibilidad de los aumentos del gasto sanitario público como la deseabilidad social del mismo. Aún cuando nos podamos permitir determinados crecimientos en el gasto, la pregunta relevante, a suscitar en tiempo y lugar, es si éstos ¿valen lo que cuestan?. Al margen de cuál sea la magnitud y deseabilidad del crecimiento del gasto, resulta imprescindible identificar y evaluar las alternativas para la financiación del mismo: reformas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto público (hacer más con lo mismo), reformas destinadas a aumentar la financiación pública y privada del gasto (hacer más con más), y reformas destinadas a priorizar y racionar las prestaciones públicas.

Estas conclusiones han sido publicadas por Jaume Puig-Junoy, Guillem López-Casasnovas y Vicente Ortún.

Estas conclusiones nos llevan a plantearnos lo siguiente: ¿Se puede gestionar adecuadamente la Sanidad Pública? ¿Es políticamente correcto?.

El Sistema Nacional de Salud se enfrenta al reto de encontrar un nuevo modelo: uno que evalúe antes de incorporar y sea mucho más eficiente en todas sus facetas, no sólo en gasto farmacéutico. Para ello se enfrenta, sobre todo, a un cambio organizativo. La demanda sanitaria es muy alta porque tenemos un sistema absolutamente burocratizado y que parece estar pensado para que el paciente consuma recursos de forma descontrolada. Hasta ahora había que conseguir ampliar los recursos con el objetivo más o más encubierto de conseguir votos en las siguientes elecciones. Casi todo se permitía, los costes de los tratamientos pasaban a segundo plano. ¿Serán capaces nuestros políticos de llevar a cabo el cambio de ritmo? ¿Lo aceptará la sociedad de forma pacífica?

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1 comentario

  1. Un primer artículo excelente Mariano. Enhorabuena.

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