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El concurso voluntario (o cómo evitar males mayores en las empresas)

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Aprovechando la publicación de la Ley 38/2011, de 9 de julio, de reforma de la Ley Concursal, publicada el 11 de octubre, me gustaría hacer una breve reflexión sobre esa palabra que todas las empresas tanto temen, el concurso. Por lo que respecta a las novedades de la ley, entraremos en ellas en una publicación posterior, ya que la misma no entrará en vigor hasta enero de 2012.

He de admitir que, hasta hace unas semanas, yo era una de las muchas personas contrarias a la declaración de concurso. No por pura cabezonería, sino porque al final los números sustentaban mi opinión, y aunque la solución normal del concurso es el convenio, la realidad avala que el 95% de los concursos acaba en liquidación (lo que conforme a la exposición de motivos de la ley debería ser la excepción). Hoy puedo decir con convicción, que en determinadas situaciones (cada empresa es un mundo) la declaración de concurso voluntario es un mal menor.

No se debe perder de vista el imperativo legal recogido en el art. 5.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio. En el mismo se impone al deudor la obligación de declarar concurso en los dos meses siguientes a la fecha en que hubiere conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Es fundamental tener claro este primer punto, ya que en el caso de que el deudor no cumpla con lo aquí estipulado se arriesga a responder de las deudas sociales con su patrimonio personal. Y como es obvio, no podría el empresario correr riesgo mayor. Uno cree que cuando la empresa va mal, nada puede ir a peor, pero sí, porque si no se actúa con la diligencia necesaria se corre el riesgo de perder también lo que uno ha adquirido para sí después de muchos años de esfuerzo y dedicación. Y no olvidemos que, cuando se trata de cobrar los acreedores pondrán todo su esfuerzo en encontrar esa grieta que les de vía libre para asegurarse la cancelación de su deuda.

Por lo tanto, el concurso puede ser voluntario, en el caso de que lo inste el deudor, o necesario si lo instan los acreedores. En el caso de que lo inste el deudor el órgano de administración se mantiene en sus funciones (aunque supervisado por los administradores concursales), mientras que si se trata de un concurso necesario el órgano de administración es sustituido por la administración concursal. En cuanto a su calificación como culpable, el art. 164 establece los supuestos que se consideraran como tal, mientras que el artículo siguiente hace referencia a los casos en los que se presumirá la existencia de dolo o culpa grave. A este respecto destacar que si se presume la culpabilidad del concurso, los bienes personales de los administradores pueden ser embargados con carácter preventivo con el fin de garantizar el cobro de los acreedores.

Dicho esto, sólo puedo recomendar a los administradores de las empresas que se encuentren en la situación del artículo 5.1 que sopesen concienzudamente la posibilidad de instar concurso para evitar males mayores.

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1 comentario

  1. Utilísimo. Mil gracias por compartir tus conocimientos con todos.

    Un abrazo.

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