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La responsabilidad penal de las personas jurídicas

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A finales de 2010, entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta ley introdujo, por primera vez en España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya contemplada en otros ordenamientos, como es el caso de Reino Unido.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas está contemplada en el artículo 31 bis CP, conforme al cual, las sociedades mercantiles serán penalmente responsables de los delitos cometidos por sus representantes legales y administradores o personas con capacidad de obligarla. Asimismo, existirá responsabilidad por parte de la sociedad por aquellos hechos realizados por las personas que se encuentren al servicio de los representantes o administradores cuando no hubiese existido un control adecuado. Se debe tener en cuenta que existirá responsabilidad penal de la persona jurídica aún en el caso de que no haya sido posible individualizar a la persona física responsable.

En cuanto a las penas aplicables a las sociedades mercantiles, que, en todo caso tendrán la consideración de graves, el Art. 33.7 CP contempla, entre otras, las siguientes: i) multas; ii) disolución de la persona jurídica; iii) suspensión de sus actividades por un plazo máximo de 5 años; iv) clausura de sus establecimientos por un plazo máximo de 5 años; v) prohibición de realizar el mismo tipo de actividad de manera temporal o definitiva; e vi) inhabilitación para la obtención de subvenciones, ayudas públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo máximo de 15 años.

Por su parte, el artículo 31 bis antes mencionado recoge como circunstancias atenuantes el haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades :i) confesar la infracción antes de que se tenga conocimiento de que el proceso judicial se dirige contra él; ii) haber colaborado en la investigación aportando pruebas nuevas y decisivas; iii) haber procedido, con anterioridad al juicio oral, a reparar o disminuir el daño causado; y iv) haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse. 

Por lo tanto, para evitar sorpresas, considero que es recomendable que las empresas establezcan políticas de prevención de delitos, como podrían ser la creación de protocolos de actuación o el establecimiento de órganos de supervisión. Asimismo, podría ser interesante impartir formación a los trabajadores en la que se les informe de las posibles consecuencias de actuaciones indebidas por su parte.

Finalmente, y con el único fin de compartir mi inquietud -ya que aunque he escuchado distintas justificaciones (papel social, etc.), no he llegado a comprender claramente el motivo de la distinción-, mencionar que los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, los partidos políticos y sindicatos, no pueden incurrir en responsabilidad penal a menos que el órgano jurisdiccional correspondiente considerase que se adoptó esa forma jurídica con el fin de eludir una eventual responsabilidad penal.

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