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¿El saneamiento del sector financiero es posible con la nueva normativa?

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Tras infructuosos intentos (Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio o el Real Decreto-ley 2/2011 de 9 de julio), una vez más, el Gobierno intenta recuperar la credibilidad del sistema financiero español a través de una nueva norma, el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

En la nueva normativa se establecen requerimientos de provisiones y capital adicionales, orientados a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los activos vinculados a la actividad inmobiliaria.

Uno de los objetivos que se pretende conseguir es fomentar el crédito a proyectos de inversión, ya que la restricción del mismo ha supuesto el cierre de numerosas empresas y penalidades en muchas otras, con el consecuente problema laboral que eso conlleva.

No puede darse crédito a cualquier empresa en cualquier circunstancia, pero sin duda es necesario que las entidades financieras vuelvan a desempeñar una de sus funciones esenciales, como es la canalización del crédito en apoyo a las empresas.

Entre las novedades del Real Decreto cabe mencionar las siguientes:

  1. Saneamiento de las entidades de crédito
  • Se establece un nuevo esquema de cobertura para las financiaciones y activos adjudicados o recibidos en pago de deuda relacionados con el sector inmobiliario.
  • Se impone un nuevo requerimiento de capital suplementario de la máxima calidad sobre la misma base de cobertura de activos dudosos o subestándar o adjudicados en pago derivados de la financiación de suelo para promoción inmobiliaria. El ajuste deberá realizarse en el año 2012, estando obligadas a presentar la estrategia de ajuste antes del 31 de marzo al Banco de España. Únicamente las entidades que lleven a cabo procesos de integración durante el ejercicio 2012, dispondrán de un plazo adicional de 12 meses. 

2.  Modificación del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamientos de los recursos propios de las entidades de crédito.

  • Se restringe el cauce de apoyo financiero del FROB a la adquisición de acciones, salvo para los procesos competitivos de desinversión.
  • Reducción del plazo de desinversión de 5 a 3 años.
  • Supresión de la posibilidad del FROB de desinvertir, en el plazo de 1 o 2 años, los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación.
  • Ampliación de los instrumentos que puede adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones.

3. Modificación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros

  •  Simplificación de la estructura organizativa y los requisitos operativos de las Cajas de Ahorros que ejercen su actividad de forma indirecta: se mantendrán la Asamblea General y el Consejo de Administración como órganos de gobierno (Comisión de Control potestativa).
  • Las cajas de ahorros de ejercicio indirecto podrán destinar como máximo el 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social.
  • Cuando las Cajas reduzcan su participación a menos de un 25% de los derechos de voto deberán transformarse en una fundación especial, renunciando a la autorización para actuar como entidad de crédito. 

4. Régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos de entidades de crédito

El Real Decreto regula las retribuciones distinguiendo si se trata de:

i) Entidades participadas mayoritariamente por el FROB:

  • Miembros de los órganos colegiados de administración: máximo 50.000 euros.
  • Presidentes ejecutivos y consejeros delegados: máximo 300.000 euros.

 ii) Entidades financiadas por el FROB:

  •  Miembros de los órganos colegiados de administración: máximo 100.000 euros.
  • Presidentes ejecutivos y consejeros delegados: máximo 600.000 euros.
  • Remuneración variable: se diferirá 3 años y estará condicionada a la consecución de resultados en relación al plan presentado.

5. Tratamiento para las entidades que pongan en circulación participaciones preferentes o instrumentos de deuda obligatoriamente convertibles

 El tratamiento de estas entidades será más flexible, pudiendo solicitar el diferimiento del pago de la remuneración prevista a pesar de la ausencia de beneficios o reservas distribuibles o la existencia de un déficit de recursos propios.

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