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Novedades en materia de protección de datos. ¿Los datos personales podrán tratarse sin necesidad de consentimiento y aunque los mismos no figuren en fuentes accesibles al público?

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Debido a la gran repercusión que ha tenido la sentencia de 8 de febrero de 2012 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, parece interesante hacer una breve alusión a la misma.

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, contempla la posibilidad de que se traten los datos sin consentimiento del interesado en el caso en que el tratamiento fuera necesario para la satisfacción del “interés legítimo” del responsable del fichero o del cesionario (art 7. f)).

Al realizarse la transposición de la Directiva, la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante “LOPD”) incluyó un requisito adicional en el art. 6.2 de la LOPD, desarrollado a su vez en el art 10.2 b).  Este requisito consiste en requerir para el tratamiento de datos sin consentimiento del interesado, que los mismos consten en fuentes accesibles al público. Entendiéndose por “fuentes accesibles al público” única y exclusivamente aquellas consideradas como tales en la LOPD: “aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación”. Se trata, por tanto, de un listado numerus clausus.

Nos encontramos ante una inadecuada transposición de la Directiva, habiendo reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de noviembre de 2011 el efecto directo del artículo 7. f). Así, el Tribunal Supremo se ha apoyado en esta sentencia para anular el artículo 10.2 b) de la LOPD (no pudiendo anular el 6.2 por falta de competencia), indicando además que la Directiva no permite a las normativas nacionales establecer nuevos principios relativos al tratamiento de datos personales ni imponer exigencias adicionales.

En conclusión, las empresas podrán utilizar datos personales sin el consentimiento de los particulares siempre y cuando el responsable del tratamiento de los datos o el tercero al que se le comuniquen tenga un interés legítimo y no prevalezca el interés o derechos y libertades fundamentales del interesado. A este respecto debe tenerse en cuenta que no existe una definición clara de lo que debe entenderse por interés legítimo, sino que este concepto se interpreta en función del contexto. Cabe mencionar que algunas autoridades europeas exponen ejemplos que pueden ser útiles para una correcta interpretación del mismo.

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